lunes, 24 de septiembre de 2018
martes, 19 de junio de 2018
‘Estoy comprometido con la reactivación de la economía’
POR:
PORTAFOLIO
JUNIO 17 DE 2018 - 10:59 P.M.
A finales de la semana pasada, el hoy presidente electo Iván Duque, visitó las instalaciones de Portafolio. Ante la solicitud de una entrevista para ser publicada en caso de ser el triunfador de las elecciones de ayer, dijo que por agüero no iba a responder como si se diera ganador, pero autorizó que el texto se diera a conocer hoy.
“Mi postura en materia económica es la misma, antes y después de que la gente vote”, señaló. Esto fue lo que dijo.
(Lea: En su primer discurso como presidente, Duque llama a la unidad).
“Mi postura en materia económica es la misma, antes y después de que la gente vote”, señaló. Esto fue lo que dijo.
(Lea: En su primer discurso como presidente, Duque llama a la unidad).
¿Qué pueden esperar los colombianos del presidente Iván Duque, en materia económica?
El primer gran desafío que tenemos es recuperar una tasa de crecimiento superior al 4 por ciento anual. Yo espero generar las condiciones, dando unas señales muy claras que incluirán incentivos muy grandes a la inversión nacional y extranjera, en términos de una reforma fiscal que nos permita tener un sistema tributario más simple.
Debe ser un esquema que permita, por ejemplo, descontar el 100 por ciento del IVA de lo que se ha invertido en bienes de capital, o que reduzca la presión que crean los anticipos de impuesto de renta, de tal manera que genere flujo de caja para las empresas.
Además, una desregulación y simplificación de trámites, adicionales al acompañamiento de las instituciones para el éxito del empresario, entre otras medidas.
Dentro del propósito de buscar acuerdos nacionales ¿Uno de los temas que usted tiene en el radar es el fiscal?
Sí. Eso es prioritario. Será una de las reformas que intentaré sacar con un gran nivel de consenso en el Congreso de la República y también con el sector privado.
¿Cuál debe ser la base?
Eliminar gastos innecesarios en el Gobierno. Segundo, hacer una reforma a la administración pública que nos permita generar ahorros permanentes ganando en eficiencia, revisando si la estructura que tenemos entre agencias y unidades administrativas especiales es la más conveniente.
¿Y en cuanto a los ingresos?
Una gran tarea será enfrentar la evasión de Renta y de IVA, utilizando tecnologías como el blockchain, el uso de big data o la factura electrónica.
Debemos ponernos la meta de bajar en un 50 por ciento esa evasión en los próximos cuatro años, con una meta anual del 12,5 por ciento.
Esa acción nos permitiría obtener 20 billones de pesos adicionales al final del periodo y dejaría espacio para bajar la carga tributaria, incentivar la inversión, mejorar la contratación de personal y subir la remuneración de los trabajadores.
Las comparaciones internacionales muestran que la carga tributaria en Colombia es menor que el promedio latinoamericano…
Parte de la agenda comprende examinar el sistema de exenciones, de manera que se mantengan las que más contribuyen a la inversión y generación de empleo.
Pero yo agregaría que en Colombia tenemos tarifas altas y pagan muy pocos. Deberíamos tener tarifas más competitivas que nos permitan también ampliar la base de contribuyentes y hacerlo sobre una formalización de la economía.
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 43 por ciento de los negocios en el país no tienen registro mercantil. En Colombia hay espacio para llevar a las empresas hacia la tributación con una diferenciación de tarifas entre micro, pequeña, mediana y grandes compañías, auspiciando el monotributo en el caso de la primera.
El primer gran desafío que tenemos es recuperar una tasa de crecimiento superior al 4 por ciento anual. Yo espero generar las condiciones, dando unas señales muy claras que incluirán incentivos muy grandes a la inversión nacional y extranjera, en términos de una reforma fiscal que nos permita tener un sistema tributario más simple.
Debe ser un esquema que permita, por ejemplo, descontar el 100 por ciento del IVA de lo que se ha invertido en bienes de capital, o que reduzca la presión que crean los anticipos de impuesto de renta, de tal manera que genere flujo de caja para las empresas.
Además, una desregulación y simplificación de trámites, adicionales al acompañamiento de las instituciones para el éxito del empresario, entre otras medidas.
Dentro del propósito de buscar acuerdos nacionales ¿Uno de los temas que usted tiene en el radar es el fiscal?
Sí. Eso es prioritario. Será una de las reformas que intentaré sacar con un gran nivel de consenso en el Congreso de la República y también con el sector privado.
¿Cuál debe ser la base?
Eliminar gastos innecesarios en el Gobierno. Segundo, hacer una reforma a la administración pública que nos permita generar ahorros permanentes ganando en eficiencia, revisando si la estructura que tenemos entre agencias y unidades administrativas especiales es la más conveniente.
¿Y en cuanto a los ingresos?
Una gran tarea será enfrentar la evasión de Renta y de IVA, utilizando tecnologías como el blockchain, el uso de big data o la factura electrónica.
Debemos ponernos la meta de bajar en un 50 por ciento esa evasión en los próximos cuatro años, con una meta anual del 12,5 por ciento.
Esa acción nos permitiría obtener 20 billones de pesos adicionales al final del periodo y dejaría espacio para bajar la carga tributaria, incentivar la inversión, mejorar la contratación de personal y subir la remuneración de los trabajadores.
Las comparaciones internacionales muestran que la carga tributaria en Colombia es menor que el promedio latinoamericano…
Parte de la agenda comprende examinar el sistema de exenciones, de manera que se mantengan las que más contribuyen a la inversión y generación de empleo.
Pero yo agregaría que en Colombia tenemos tarifas altas y pagan muy pocos. Deberíamos tener tarifas más competitivas que nos permitan también ampliar la base de contribuyentes y hacerlo sobre una formalización de la economía.
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 43 por ciento de los negocios en el país no tienen registro mercantil. En Colombia hay espacio para llevar a las empresas hacia la tributación con una diferenciación de tarifas entre micro, pequeña, mediana y grandes compañías, auspiciando el monotributo en el caso de la primera.
¿Estaría dispuesto a mirar el tema de renta de personas?
Lo que he pensado es que el sustento de nuestra reforma fiscal se dé por la vía de eliminación de gastos innecesarios, ganar eficiencias y reducir la evasión.
Creo que con una economía tan desacelerada como está la nuestra, empezar a gravar a las personas naturales puede generarnos una afectación en la clase media emergente. Inclusive, he considerado que lo que deberíamos es mejorarle las condiciones de gasto a ese sector y una de las propuestas que he hecho en materia económica es una reforma a la ley de financiamiento de vivienda para conceder créditos hasta con 30 años de plazo. Ello liberaría alrededor del 15 por ciento del flujo de caja mensual de una familia.
Son recursos que permitirían una mayor capacidad de consumo, de inversión, que tendrían un efecto de reactivación de la economía, comenzando por la construcción.
¿Le preocupa la especie de matrícula condicional que nos han puesto las firmas calificadoras de riesgo?
Me preocupó desde el momento en que empecé a ver las cosas que se estaban haciendo mal y siempre las denuncié en su momento.
Hoy lo que más me interesa es recuperar la confianza, no solamente de las calificado- ras, sino de los inversionistas y del sector privado, y eso se logra con una agenda económica que tenga como propósito asegurar un crecimiento importante, ojalá superior al 4 por ciento, de manera sostenida, una simplificación del sistema tributario, una simplificación de trámites para el desarrollo del sector privado y la inversión en el país y al mismo tiempo asegurar el mayor grado de transparencia fiscal, monitoreo fiscal y eliminación de duplicidades y funciones innecesarias en la administración pública.
¿Tiene usted en mente que una reforma fiscal tan ambiciosa, como fruto de un gran acuerdo, se presente este mismo año?
Esa es la meta: que podamos tener esa reforma para ser discutida y, en la medida de lo posible, aprobada antes de terminar el año.
¿Qué pasará con la regla fiscal?
El propósito es respetarla y corregir los elementos que han permitido abusos, porque en la regla fiscal el problema es que nació violada. Eso de tomar las utilidades de Ecopetrol para financiar gastos permanentes, mientras la empresa debía endeudarse para financiar sus planes de inversiones no está bien.
De tal manera, hay que aprender la lección: no podemos ampliar gastos permanentes con ingresos de bonanzas transitorias de productos primarios. Por lo tanto debemos tener una mayor capacidad de esterilizar parte de la renta petrolera futura y la parte que se invierta tiene que ser para formación bruta de capital y no para el gasto corriente.
¿Las vigencias futuras le quitan el sueño o va a seguir utilizando el mecanismo?
Son altas. En términos de porcentaje del PIB las vigencias futuras pueden estar entre el 8,5 y el 10. Estamos hablando de que el acumulado es de más de 80 billones de pesos y creo que hay que saberlas racionalizar. Se puede seguir utilizando esa herramienta pero de una forma mucho más estratégica y enfocándonos en proyectos de alto impacto económico para el país. Y hay otros proyectos de infraestructura que, en la medida en que mejoremos el desempeño de los mercados de capital, podríamos utilizarlos como fuente de financiamiento y no tener que acudir siempre a la vigencia futura como el mecanismo para honrar compromisos.
¿Qué políticas económicas de la administración Santos continuará?
La regla fiscal, obviamente, con las correcciones que hay que hacer para que sea más creíble.
En términos de desarrollo del mercado de deuda pública algo muy valioso fue desarrollar productos a más de 30 años, lo cual calificaría como un acierto. Se lograron avances en el monitoreo de la eficiencia del gasto que utilizaría de forma aún más rigurosa para poder evaluar periódicamente cómo se está comportando el desempeño del presupuesto, entidad por entidad, y así aplicar correctivos eventuales.
En cuanto al Sistema General de Regalías destaco la mejora en la labor de monitoreo, aunque el sistema de asignación actual tiene problema por la pluralidad de actores y los bajos índices de ejecución en ciertas áreas. Me gustaría impulsar una reforma para darles más recursos a las regiones productoras, asegurando que estos vayan a proyectos de formación bruta de capital de largo plazo y de gran impacto económico.
¿Y el programa de infraestructura?
Planteé en mi programa de gobierno la frase ‘terminar, terminar, terminar’. Los proyectos que han sido trazados como rutas estratégicas, las redes de 4G y las concesiones que vienen desde el Presidente Uribe hay que concluirlos y concluirlos bien.
En algunos casos habrá que hacer una revisión para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos demorados con el fin garantizar la llegada de inversionistas interesados en participar en los negocios de infraestructura.
¿Qué pueden esperar los representantes de las industrias extractivas?
En materia petrolera tenemos que apostarle más a los yacimientos convencionales, tanto en el territorio continental como costa afuera. No veo en este momento la posibilidad o el consenso de avanzar con los no convencionales en el país.
El régimen de regalías necesita darles más confianza a las comunidades. Aparte de más recursos a las regiones productoras, propongo dos figuras: que pueda haber el pago anticipado de regalías para que las regiones vean que los recursos llegan antes de que haya una extracción efectiva y, de otro lado, que se pueda hacer un pago de obras por regalías para que en algunos lugares del país esos mismos operadores puedan avanzar con la construcción de infraestructura necesaria para la comunidad.
¿Cuál es su postura en materia de tratados de libre comercio?
He planteado que Colombia tiene en este momento un buen abanico de tratados, firmados y en pie. Desafortunadamente, no hemos logrado mejorar estructuralmente nuestra balanza comercial con esos mercados y más bien en los últimos años se ha ido tornando negativa.
Entonces, mi aproximación es no negociar TLC en los próximos cuatro años, pero concentrarnos en aprovechar los que tenemos. Aprovechar quiere decir que logremos insertarnos en cadenas de valor, que mejoremos la diplomacia comercial para ampliar la oferta exportable a esos mercados, que aumentemos el porcentaje de las exportaciones con relación al PIB, que sigue siendo muy bajo en comparación con otros países de América Latina.
Lo otro es que tengamos una diplomacia sanitaria que nos permita ampliar rápidamente el número de productos para llegar a esos mercados y una diplomacia comercial que no se quede solamente en los productos tradicionales, sino también que le empiece a abrir camino y espacio de mercado a otros sectores, principalmente, a los de servicios, industrias creativas y propiedad intelectual.
¿Cuál es su visión de la Alianza del Pacífico y de la posibilidad de sumarse a la Alianza Transpacífico, conocida como TPP?
Todo lo que sea consolidar la Alianza del Pacífico es un objetivo nacional, pero aún con ese acuerdo tenemos unos retos y es aumentar nuestro mercado con los países que la conforman. Seguimos registrando una balanza comercial negativa con México y siento que no hemos logrado ganar más espacio de mercado allí, lo cual demanda diplomacia comercial y diplomacia sanitaria, y que logremos meter productos nuestros en cadenas de valor donde también participe México. Un caso muy concreto es el de autopartes. Con Chile y Perú las cosas no son tan crítica, pero es un comercio que sigue siendo muy pequeño dentro del abanico de nuestra oferta exportable.
Considero que el Mila (Mercado Integrado Latinoamericano) , como instrumento de integración de los mercados de capital es valiosísimo, pero seguimos también rezagados frente a su pleno desarrollo que se debió haber dado hace más de tres años. Entonces para mí eso será prioritario. Por eso quisiera fortalecer más en este momento la Alianza tal como está concebida que ponernos a ampliar nuevos mercados, entre otras cosas, porque no estamos del todo preparados para esa competencia, ni en el esquema ampliado, ni en lo que corresponde al TPP.
¿Qué piensa hacer con respecto a la presión fiscal que crea la salud?
Lo más importante es que hagamos una ley de punto final en donde sepamos quién le debe a quién y cuánto. Hay demasiados cálculos sobre el tamaño del déficit. Uno es el que tienen las EPS, otro es el que tiene la red de hospitales, otro es el que tiene el Gobierno. Nos debemos poner de acuerdo en sincerar las cifras y establecer un tiempo de hasta 36 meses para que pongamos al día las cuentas de la salud. Eso tiene que ver con los pagos que haga Adres, como administradora de recursos públicos, y el pago que hagan también los aseguradores privados.
Y sobre esa misma base hay que ir empezando a restringir la acumulación de deudas con la red hospitalaria de más de 90 días, que deberían acarrear sanciones patrimoniales; que también le pongamos atención a las EPS no solo la Supersalud, sino también la Superfinanciera para velar por la reserva técnica de los aseguradores; que tengamos un mayor uso de facturación electrónica y contabilidad en línea para controlar la no expansión de la integración vertical más del 30 por ciento que permite la ley.
¿Qué más propone?
El otro gran tema es ver cómo podemos asegurar una política de prevención y promoción que sea acorde con el envejecimiento que va a tener la población colombiana en los últimos años ante el crecimiento exponencial de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además del cáncer y la diabetes. Si no empezamos a actuar hoy, el día de mañana este va a ser un dolor fiscal, prácticamente impagable.
¿Y el sistema de pensiones?
El reto más grande que tenemos es ampliar la base de cotizantes porque hoy hay 22 millones de personas ocupadas y menos de ocho millones son las que están cotizando a pensión y salud. Pero esa reforma también se tiene que dar en el marco de acabar con las distorsiones porque tienen un efecto pernicioso. La mayor concentración de los subsidios pensionales en Colombia se está yendo hacia la población más rica y deberíamos buscar que se fueran a quienes más los necesitan.
Entonces, claramente hay que definir un régimen de transición y que hagamos cohortes para la entrada en vigencia de ese nuevo sistema. Inclusive he planteado que pongo a consideración mi edad o unos años más como un factor, pero que podamos hacer una transición amplia de manera que no se afecten ni los derechos adquiridos ni las meras expectativas, pero que ya le demos una visión de sostenibilidad al sistema pensional en el mediano y largo plazo.
¿Qué opina del pilar solidario?
El pilar solidario es el que permitiría consolidar los subsidios pensionales en la población más necesitada. Principalmente aquella que está por debajo de los cuatro salarios mínimos.
Y una propuesta que me parece viable e importante para el futuro es que nosotros creemos un fondo de ingreso mínimo garantizado para que los niños que van naciendo en los niveles uno, dos y tres del Sisbén, que son los más vulnerables, tengan la asignación equivalente a 3 millones de pesos en un fondo que va a administrar el Ministerio de Hacienda, con los criterios de rentabilidad de un fondo de pensiones.
Pensando que con la rentabilidad que tienen esos recursos, cuando ese niño llegue a la edad de pensión, si está por debajo de la línea de pobreza, pueda recibir el equivalente a un salario mínimo legal vigente. Es un esquema bastante sostenible de prefinanciar lo que será el día de mañana un programa como el del adulto mayor o uno como el de los Beps, asegurando cobertura y no dejar todo expuesto a la capacidad fiscal de la nación, por la vía de los ingresos, de atender esas demandas futuras.
¿Cuáles espera que sean los sectores líderes de crecimiento en su cuatrienio?
Hay unos sectores convencionales que con buenas medidas pueden jugar un papel importante. Ese es el caso de la vivienda, sin lugar a dudas, con algunas de las reformas que hemos planteado. Creo que si logramos destrabar lo que ha dificultado los cierres financieros de los proyectos, la infraestructura también va a ser clave. Espero que la industria adquiera mayor participación con estas medidas que vamos a dar de transparencia, incentivos, menos carga tributaria y al mismo tiempo menos carga regulatoria.
Y veo unos sectores que van a cobrar cada vez más un mayor liderazgo. Creo que el turismo tiene un impacto rápido en la economía, en el sector servicios.
Las empresas creativas van a jugar un papel importante, pues ya representan más del 3 por ciento del PIB y yo creo que hay una especie de posibilidad para el desarrollo de una economía verde donde pueden ser importantes las inversiones en energías renovables que hagamos en el país.
Me la quiero jugar porque Colombia pueda tener 1.500 megas de capacidad instalada en los próximos cuatro años de energía renovable. Y no se me puede quedar por fuera el tema agroindustrial porque tenemos una enorme posibilidad ahí.
Usted habla incluso de una exención de impuestos para inversiones en ese sector…
En el sector agroindustrial, si uno mira a Colombia y lo compara, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, el sector agropecuario representa el 7 por ciento del PIB más que México, más que Perú y más que Chile. Tiene un peso en las exportaciones mayor frente a cada uno de esos países. Tiene una participación en la generación del empleo del orden del 16 a 18 por ciento. Entonces son cifras buenas. Pero cuando uno entra en los detalles, el sector rural de Colombia tiene una enorme informalidad: 80 por ciento de la población está en el régimen subsidiado de salud, 70 por ciento gana menos de un salario mínimo.
Entonces, el enfoque es poder llevar una alta tasa de inversión al campo pero que esté vinculada con la generación de empleos de calidad y al mismo tiempo exista un matrimonio entre agroindustria y pequeño productor. Creo en las exenciones tributarias de renta por un periodo de 10 años a todo el que lleve una inversión productiva o de transformación agropecuaria, pero que genere un mínimo de puestos de trabajo. Esa debe ser la contraprestación. Y, en paralelo, espero hacer una inversión pública muy direccionada en los temas de distritos de riego, reservorios de agua, centros de acopio, vías terciarias, mejoramiento de vivienda rural.
Es decir..
Se podrían beneficiar 180.000 unidades en los próximos cuatro años y yo diría que fomentar la cooperativización rural con transformación en zona de cosecha. Ahí abrimos unas oportunidades enormes y, obviamente, el tema es abrir mercados.
Llevamos seis años de TLC con Estados Unidos y logramos abrir recientemente el aguacate hass aunque no somos todavía grandes exportadores. También abrimos espacio al mango, pero yo esperaría que una diplomacia sanitaria nos permitiera que el desarrollo agropecuario vaya de la mano con la apertura de esos nuevos mercados, como lo que nos ha pasado con la carne con Corea del Sur. No hemos podido cumplir esa meta por unas trabas sanitarias y necesitamos un Invima concentrado en levantarlas para generar confianza de largo plazo.
Un mensaje final desde el punto de vista económico.
El mensaje es que estoy comprometido con la reactivación económica de Colombia, con una gran confianza para la inversión y sobre todo, el Gobierno que vamos a tener será el del mayor impulso emprendedor en la historia de nuestro país.
‘LA PAZ ES AUSENCIA DE VIOLENCIA O SU DISMINUCIÓN SUSTANCIAL’
¿Existe el dividendo económico de la paz?
Considero que el dividendo económico de la paz existe y creo que Colombia ya lo vivió. La paz es la ausencia de violencia o su disminución sustancial.
Si uno mira el periodo 2002-2010 la ganancia que tuvo el país en materia de seguridad, en reducción de homicidios, de secuestros, permitió que el país trajera flujos muy importantes de inversión. Ahora, lo que necesitamos es el dividendo de la estabilidad de la paz y eso se refleja en que no tengamos la amenaza de la coca, que podamos salir de esa presión que, además, distorsiona el mercado agropecuario por completo porque empieza a jalonar empleos formales de cultivos lícitos a que se vayan a la informalidad de esas siembras ilícitas. Pero pensaría que si nosotros enfrentamos la ilegalidad rural y al mismo tiempo llevamos inversión, pues esos recursos deberían traducirse en mayor capacidad de empleo.
Un ejemplo puntual es que Colombia en los últimos 15 años, logró pasar de menos de 200.000 hectáreas de palma sembrada y hoy tiene más de 514.000 hectáreas.
Hay posibilidades como la de que Noruega va a empezar a demandar aceite de palma en bruto para hacer transformación de combustibles en su territorio, y a mi me gustaría que Colombia fuera un jugador en la exportación a ese mercado.
Eso nos permitiría llegar en menos de cinco años a un millón de hectáreas, generando además trabajo formal en zonas rurales. Muchas de ellas en zonas cocaleras como el Catatumbo (Norte de Santander) o Tumaco (Nariño).
Entonces si hacemos esa combinación de legalidad y esa legalidad con oportunidades de emprendimiento rural y con mercados consolidados, el dividendo será aún mayor. Pero si nosotros dejamos que el país siga viendo la coca crecer ahí vamos a tener un problema. Por eso, mi determinación es enfrentar esos cultivos, no solamente con autoridad sino con desarrollo alternativo también.
MINISTROS DE TRAYECTORIA
¿Cómo va a ser la conformación del equipo económico?
Vamos a tener un equipo económico de personas con trayectoria, con formación, con creatividad y con un gran respeto por la estabilidad fiscal y monetaria, pero al mismo tiempo con la suficiente capacidad para que Colombia supere los niveles de inversión del 30 por ciento del PIB.
Ricardo ÁviIa Pinto
Director de Portafolio
Lo que he pensado es que el sustento de nuestra reforma fiscal se dé por la vía de eliminación de gastos innecesarios, ganar eficiencias y reducir la evasión.
Creo que con una economía tan desacelerada como está la nuestra, empezar a gravar a las personas naturales puede generarnos una afectación en la clase media emergente. Inclusive, he considerado que lo que deberíamos es mejorarle las condiciones de gasto a ese sector y una de las propuestas que he hecho en materia económica es una reforma a la ley de financiamiento de vivienda para conceder créditos hasta con 30 años de plazo. Ello liberaría alrededor del 15 por ciento del flujo de caja mensual de una familia.
Son recursos que permitirían una mayor capacidad de consumo, de inversión, que tendrían un efecto de reactivación de la economía, comenzando por la construcción.
¿Le preocupa la especie de matrícula condicional que nos han puesto las firmas calificadoras de riesgo?
Me preocupó desde el momento en que empecé a ver las cosas que se estaban haciendo mal y siempre las denuncié en su momento.
Hoy lo que más me interesa es recuperar la confianza, no solamente de las calificado- ras, sino de los inversionistas y del sector privado, y eso se logra con una agenda económica que tenga como propósito asegurar un crecimiento importante, ojalá superior al 4 por ciento, de manera sostenida, una simplificación del sistema tributario, una simplificación de trámites para el desarrollo del sector privado y la inversión en el país y al mismo tiempo asegurar el mayor grado de transparencia fiscal, monitoreo fiscal y eliminación de duplicidades y funciones innecesarias en la administración pública.
¿Tiene usted en mente que una reforma fiscal tan ambiciosa, como fruto de un gran acuerdo, se presente este mismo año?
Esa es la meta: que podamos tener esa reforma para ser discutida y, en la medida de lo posible, aprobada antes de terminar el año.
¿Qué pasará con la regla fiscal?
El propósito es respetarla y corregir los elementos que han permitido abusos, porque en la regla fiscal el problema es que nació violada. Eso de tomar las utilidades de Ecopetrol para financiar gastos permanentes, mientras la empresa debía endeudarse para financiar sus planes de inversiones no está bien.
De tal manera, hay que aprender la lección: no podemos ampliar gastos permanentes con ingresos de bonanzas transitorias de productos primarios. Por lo tanto debemos tener una mayor capacidad de esterilizar parte de la renta petrolera futura y la parte que se invierta tiene que ser para formación bruta de capital y no para el gasto corriente.
¿Las vigencias futuras le quitan el sueño o va a seguir utilizando el mecanismo?
Son altas. En términos de porcentaje del PIB las vigencias futuras pueden estar entre el 8,5 y el 10. Estamos hablando de que el acumulado es de más de 80 billones de pesos y creo que hay que saberlas racionalizar. Se puede seguir utilizando esa herramienta pero de una forma mucho más estratégica y enfocándonos en proyectos de alto impacto económico para el país. Y hay otros proyectos de infraestructura que, en la medida en que mejoremos el desempeño de los mercados de capital, podríamos utilizarlos como fuente de financiamiento y no tener que acudir siempre a la vigencia futura como el mecanismo para honrar compromisos.
¿Qué políticas económicas de la administración Santos continuará?
La regla fiscal, obviamente, con las correcciones que hay que hacer para que sea más creíble.
En términos de desarrollo del mercado de deuda pública algo muy valioso fue desarrollar productos a más de 30 años, lo cual calificaría como un acierto. Se lograron avances en el monitoreo de la eficiencia del gasto que utilizaría de forma aún más rigurosa para poder evaluar periódicamente cómo se está comportando el desempeño del presupuesto, entidad por entidad, y así aplicar correctivos eventuales.
En cuanto al Sistema General de Regalías destaco la mejora en la labor de monitoreo, aunque el sistema de asignación actual tiene problema por la pluralidad de actores y los bajos índices de ejecución en ciertas áreas. Me gustaría impulsar una reforma para darles más recursos a las regiones productoras, asegurando que estos vayan a proyectos de formación bruta de capital de largo plazo y de gran impacto económico.
¿Y el programa de infraestructura?
Planteé en mi programa de gobierno la frase ‘terminar, terminar, terminar’. Los proyectos que han sido trazados como rutas estratégicas, las redes de 4G y las concesiones que vienen desde el Presidente Uribe hay que concluirlos y concluirlos bien.
En algunos casos habrá que hacer una revisión para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos demorados con el fin garantizar la llegada de inversionistas interesados en participar en los negocios de infraestructura.
¿Qué pueden esperar los representantes de las industrias extractivas?
En materia petrolera tenemos que apostarle más a los yacimientos convencionales, tanto en el territorio continental como costa afuera. No veo en este momento la posibilidad o el consenso de avanzar con los no convencionales en el país.
El régimen de regalías necesita darles más confianza a las comunidades. Aparte de más recursos a las regiones productoras, propongo dos figuras: que pueda haber el pago anticipado de regalías para que las regiones vean que los recursos llegan antes de que haya una extracción efectiva y, de otro lado, que se pueda hacer un pago de obras por regalías para que en algunos lugares del país esos mismos operadores puedan avanzar con la construcción de infraestructura necesaria para la comunidad.
¿Cuál es su postura en materia de tratados de libre comercio?
He planteado que Colombia tiene en este momento un buen abanico de tratados, firmados y en pie. Desafortunadamente, no hemos logrado mejorar estructuralmente nuestra balanza comercial con esos mercados y más bien en los últimos años se ha ido tornando negativa.
Entonces, mi aproximación es no negociar TLC en los próximos cuatro años, pero concentrarnos en aprovechar los que tenemos. Aprovechar quiere decir que logremos insertarnos en cadenas de valor, que mejoremos la diplomacia comercial para ampliar la oferta exportable a esos mercados, que aumentemos el porcentaje de las exportaciones con relación al PIB, que sigue siendo muy bajo en comparación con otros países de América Latina.
Lo otro es que tengamos una diplomacia sanitaria que nos permita ampliar rápidamente el número de productos para llegar a esos mercados y una diplomacia comercial que no se quede solamente en los productos tradicionales, sino también que le empiece a abrir camino y espacio de mercado a otros sectores, principalmente, a los de servicios, industrias creativas y propiedad intelectual.
¿Cuál es su visión de la Alianza del Pacífico y de la posibilidad de sumarse a la Alianza Transpacífico, conocida como TPP?
Todo lo que sea consolidar la Alianza del Pacífico es un objetivo nacional, pero aún con ese acuerdo tenemos unos retos y es aumentar nuestro mercado con los países que la conforman. Seguimos registrando una balanza comercial negativa con México y siento que no hemos logrado ganar más espacio de mercado allí, lo cual demanda diplomacia comercial y diplomacia sanitaria, y que logremos meter productos nuestros en cadenas de valor donde también participe México. Un caso muy concreto es el de autopartes. Con Chile y Perú las cosas no son tan crítica, pero es un comercio que sigue siendo muy pequeño dentro del abanico de nuestra oferta exportable.
Considero que el Mila (Mercado Integrado Latinoamericano) , como instrumento de integración de los mercados de capital es valiosísimo, pero seguimos también rezagados frente a su pleno desarrollo que se debió haber dado hace más de tres años. Entonces para mí eso será prioritario. Por eso quisiera fortalecer más en este momento la Alianza tal como está concebida que ponernos a ampliar nuevos mercados, entre otras cosas, porque no estamos del todo preparados para esa competencia, ni en el esquema ampliado, ni en lo que corresponde al TPP.
¿Qué piensa hacer con respecto a la presión fiscal que crea la salud?
Lo más importante es que hagamos una ley de punto final en donde sepamos quién le debe a quién y cuánto. Hay demasiados cálculos sobre el tamaño del déficit. Uno es el que tienen las EPS, otro es el que tiene la red de hospitales, otro es el que tiene el Gobierno. Nos debemos poner de acuerdo en sincerar las cifras y establecer un tiempo de hasta 36 meses para que pongamos al día las cuentas de la salud. Eso tiene que ver con los pagos que haga Adres, como administradora de recursos públicos, y el pago que hagan también los aseguradores privados.
Y sobre esa misma base hay que ir empezando a restringir la acumulación de deudas con la red hospitalaria de más de 90 días, que deberían acarrear sanciones patrimoniales; que también le pongamos atención a las EPS no solo la Supersalud, sino también la Superfinanciera para velar por la reserva técnica de los aseguradores; que tengamos un mayor uso de facturación electrónica y contabilidad en línea para controlar la no expansión de la integración vertical más del 30 por ciento que permite la ley.
¿Qué más propone?
El otro gran tema es ver cómo podemos asegurar una política de prevención y promoción que sea acorde con el envejecimiento que va a tener la población colombiana en los últimos años ante el crecimiento exponencial de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además del cáncer y la diabetes. Si no empezamos a actuar hoy, el día de mañana este va a ser un dolor fiscal, prácticamente impagable.
¿Y el sistema de pensiones?
El reto más grande que tenemos es ampliar la base de cotizantes porque hoy hay 22 millones de personas ocupadas y menos de ocho millones son las que están cotizando a pensión y salud. Pero esa reforma también se tiene que dar en el marco de acabar con las distorsiones porque tienen un efecto pernicioso. La mayor concentración de los subsidios pensionales en Colombia se está yendo hacia la población más rica y deberíamos buscar que se fueran a quienes más los necesitan.
Entonces, claramente hay que definir un régimen de transición y que hagamos cohortes para la entrada en vigencia de ese nuevo sistema. Inclusive he planteado que pongo a consideración mi edad o unos años más como un factor, pero que podamos hacer una transición amplia de manera que no se afecten ni los derechos adquiridos ni las meras expectativas, pero que ya le demos una visión de sostenibilidad al sistema pensional en el mediano y largo plazo.
¿Qué opina del pilar solidario?
El pilar solidario es el que permitiría consolidar los subsidios pensionales en la población más necesitada. Principalmente aquella que está por debajo de los cuatro salarios mínimos.
Y una propuesta que me parece viable e importante para el futuro es que nosotros creemos un fondo de ingreso mínimo garantizado para que los niños que van naciendo en los niveles uno, dos y tres del Sisbén, que son los más vulnerables, tengan la asignación equivalente a 3 millones de pesos en un fondo que va a administrar el Ministerio de Hacienda, con los criterios de rentabilidad de un fondo de pensiones.
Pensando que con la rentabilidad que tienen esos recursos, cuando ese niño llegue a la edad de pensión, si está por debajo de la línea de pobreza, pueda recibir el equivalente a un salario mínimo legal vigente. Es un esquema bastante sostenible de prefinanciar lo que será el día de mañana un programa como el del adulto mayor o uno como el de los Beps, asegurando cobertura y no dejar todo expuesto a la capacidad fiscal de la nación, por la vía de los ingresos, de atender esas demandas futuras.
¿Cuáles espera que sean los sectores líderes de crecimiento en su cuatrienio?
Hay unos sectores convencionales que con buenas medidas pueden jugar un papel importante. Ese es el caso de la vivienda, sin lugar a dudas, con algunas de las reformas que hemos planteado. Creo que si logramos destrabar lo que ha dificultado los cierres financieros de los proyectos, la infraestructura también va a ser clave. Espero que la industria adquiera mayor participación con estas medidas que vamos a dar de transparencia, incentivos, menos carga tributaria y al mismo tiempo menos carga regulatoria.
Y veo unos sectores que van a cobrar cada vez más un mayor liderazgo. Creo que el turismo tiene un impacto rápido en la economía, en el sector servicios.
Las empresas creativas van a jugar un papel importante, pues ya representan más del 3 por ciento del PIB y yo creo que hay una especie de posibilidad para el desarrollo de una economía verde donde pueden ser importantes las inversiones en energías renovables que hagamos en el país.
Me la quiero jugar porque Colombia pueda tener 1.500 megas de capacidad instalada en los próximos cuatro años de energía renovable. Y no se me puede quedar por fuera el tema agroindustrial porque tenemos una enorme posibilidad ahí.
Usted habla incluso de una exención de impuestos para inversiones en ese sector…
En el sector agroindustrial, si uno mira a Colombia y lo compara, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, el sector agropecuario representa el 7 por ciento del PIB más que México, más que Perú y más que Chile. Tiene un peso en las exportaciones mayor frente a cada uno de esos países. Tiene una participación en la generación del empleo del orden del 16 a 18 por ciento. Entonces son cifras buenas. Pero cuando uno entra en los detalles, el sector rural de Colombia tiene una enorme informalidad: 80 por ciento de la población está en el régimen subsidiado de salud, 70 por ciento gana menos de un salario mínimo.
Entonces, el enfoque es poder llevar una alta tasa de inversión al campo pero que esté vinculada con la generación de empleos de calidad y al mismo tiempo exista un matrimonio entre agroindustria y pequeño productor. Creo en las exenciones tributarias de renta por un periodo de 10 años a todo el que lleve una inversión productiva o de transformación agropecuaria, pero que genere un mínimo de puestos de trabajo. Esa debe ser la contraprestación. Y, en paralelo, espero hacer una inversión pública muy direccionada en los temas de distritos de riego, reservorios de agua, centros de acopio, vías terciarias, mejoramiento de vivienda rural.
Es decir..
Se podrían beneficiar 180.000 unidades en los próximos cuatro años y yo diría que fomentar la cooperativización rural con transformación en zona de cosecha. Ahí abrimos unas oportunidades enormes y, obviamente, el tema es abrir mercados.
Llevamos seis años de TLC con Estados Unidos y logramos abrir recientemente el aguacate hass aunque no somos todavía grandes exportadores. También abrimos espacio al mango, pero yo esperaría que una diplomacia sanitaria nos permitiera que el desarrollo agropecuario vaya de la mano con la apertura de esos nuevos mercados, como lo que nos ha pasado con la carne con Corea del Sur. No hemos podido cumplir esa meta por unas trabas sanitarias y necesitamos un Invima concentrado en levantarlas para generar confianza de largo plazo.
Un mensaje final desde el punto de vista económico.
El mensaje es que estoy comprometido con la reactivación económica de Colombia, con una gran confianza para la inversión y sobre todo, el Gobierno que vamos a tener será el del mayor impulso emprendedor en la historia de nuestro país.
‘LA PAZ ES AUSENCIA DE VIOLENCIA O SU DISMINUCIÓN SUSTANCIAL’
¿Existe el dividendo económico de la paz?
Considero que el dividendo económico de la paz existe y creo que Colombia ya lo vivió. La paz es la ausencia de violencia o su disminución sustancial.
Si uno mira el periodo 2002-2010 la ganancia que tuvo el país en materia de seguridad, en reducción de homicidios, de secuestros, permitió que el país trajera flujos muy importantes de inversión. Ahora, lo que necesitamos es el dividendo de la estabilidad de la paz y eso se refleja en que no tengamos la amenaza de la coca, que podamos salir de esa presión que, además, distorsiona el mercado agropecuario por completo porque empieza a jalonar empleos formales de cultivos lícitos a que se vayan a la informalidad de esas siembras ilícitas. Pero pensaría que si nosotros enfrentamos la ilegalidad rural y al mismo tiempo llevamos inversión, pues esos recursos deberían traducirse en mayor capacidad de empleo.
Un ejemplo puntual es que Colombia en los últimos 15 años, logró pasar de menos de 200.000 hectáreas de palma sembrada y hoy tiene más de 514.000 hectáreas.
Hay posibilidades como la de que Noruega va a empezar a demandar aceite de palma en bruto para hacer transformación de combustibles en su territorio, y a mi me gustaría que Colombia fuera un jugador en la exportación a ese mercado.
Eso nos permitiría llegar en menos de cinco años a un millón de hectáreas, generando además trabajo formal en zonas rurales. Muchas de ellas en zonas cocaleras como el Catatumbo (Norte de Santander) o Tumaco (Nariño).
Entonces si hacemos esa combinación de legalidad y esa legalidad con oportunidades de emprendimiento rural y con mercados consolidados, el dividendo será aún mayor. Pero si nosotros dejamos que el país siga viendo la coca crecer ahí vamos a tener un problema. Por eso, mi determinación es enfrentar esos cultivos, no solamente con autoridad sino con desarrollo alternativo también.
MINISTROS DE TRAYECTORIA
¿Cómo va a ser la conformación del equipo económico?
Vamos a tener un equipo económico de personas con trayectoria, con formación, con creatividad y con un gran respeto por la estabilidad fiscal y monetaria, pero al mismo tiempo con la suficiente capacidad para que Colombia supere los niveles de inversión del 30 por ciento del PIB.
Ricardo ÁviIa Pinto
Director de Portafolio
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/entrevista-exclusiva-con-ivan-duque-518169
sábado, 19 de mayo de 2018
“Quitarles la tierra a los negros de Urabá es como arrancarles la piel”: padre Javier Giraldo por Edinson Arley Bolaños
Hace 14 años el padre jesuita Javier Giraldo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al teniente coronel (R) Néstor Duque. Lo acusó de varios crímenes mientras era el comandante del batallón Bejarano Muñoz, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército con sede en Carepa (Antioquia). /El Espectador
No era posible describir tanto dolor. A finales de 1997, el coliseo de Turbo (Antioquia) acogió a más de tres mil campesinos negros e indígenas que habían sido desplazados de las riberas del río Cacarica, en Riosucico (Chocó), por grupos paramilitares. Su pecado fue vivir en tierras fértiles, que después empresarios sembrarían con palma.
Durante cuatro años apaliaron el dolor del despojo en unos albergues que el padre Javier Giraldo ayudó a solventar con recursos de coperación internacional. Después de ese tiempo, algunos han intentado regresar para pelear sus predios, en medio de un clima de asesinatos y amenazas constantes. Muchos de ellos aún resisten.
El sacerdote jesuita, quien se ha caracterizado por su tono frentero, sigue en ese territorio denunciando la sistemática persecución que viven los líderes sociales, principalmente, los que reclaman su tierra desde esos años de violencia paramilitar. Una que según Giraldo, no pudo darse sin la connivencia del Ejército, como sentenció la justicia colombiana, en agosto de 2010, en el fallo contra el exgeneral Rito Alejo del Río. Una decisión relacionada con el asesinato de Marino López, un líder chocoano al que los paramilitares le cortaron la cabeza y jugaron con ella. Giraldo reitera que después de esta operación conjunta entraron los palmeros a sembrar estos territorios.
Sin la túnica de capellán, Giraldo ha caminado estos territorios periféricos y olvidados. Su túnica, más bien, parece hecha de resistencia. Con ella sigue defendiendo a cientos de líderes sociales de esta región. Con él hablamos, de los residuos paramilitares que aún perviven en la zona y de los intereses particulares que están defendiendo.
La guerra se agudizó en Urabá luego de la guerrilla de las Farc activara un carro bomba en el casco urbano de Apartadó (subregión de Urabá) el 27 de febrero de 1997./Archivo.
¿Cuándo llegó a las tierras del Urabá?
Llegué a finales de 1996, justo en la época en que se registraban muchos desplazamientos forzados. Los campesinos estaban muy desesperados porque los estaban matando todos los días. Había un plan para despejar de población toda esa región porque era y sigue siendo un corredor muy apetecido por todos los grupos armados, legales e ilegales. Un corredor que conecta con el Nudo de Paramillo, que era el centro de operaciones de los paramilitares. Ahora bien, por el Golfo de Urabá también sale mucha droga y entran las armas. Entonces, todo ese corredor ha sido muy apetecido por todos los grupos violentos: las guerrillas, el Ejército y los paramilitares.
¿Qué recuerda de ese momento trágico para las comunidades de Cacarica (Chocó)?
Al bajo y medio Atrato llegaron miles de desplazados entre el año 96 y 97. En ese momento estábamos un poco despistados, porque nos preguntábamos a qué obedecía todo ese desplazamiento. No entendíamos. Incluso, una hipótesis era que estaban desempolvando el proyecto de construir un canal interoceánico, alternativo al canal de Panamá, uniendo dos ríos: el Atrato y el Truandó, y que por eso estaban expulsando a la población para apoderarse de todos los terrenos.
¿Y si era eso?
No. Después de varios años de acompañar a estas comunidades en sus esfuerzos por retornar y recuperar la tierra, empezamos a descubrir que toda esa tierra estaba siendo sembrada de palma africana, eso fue entre 2000 y 2002. En todos esos territorios la palma africana estaba creciendo. Recuerdo que en una navidad acompañamos a un grupo de personas a ver qué había quedado de su caserío, el de Santa Lucía, sus viviendas y enceres que habían construido durante décadas. No había nada. Incluso, a la comunidad lo que más le dolía era que habían borrado del mapa el cementerio. Pasaron buldóceres, arrasando también viviendas y escuelas.
Tras este suceso, ¿se dio cuenta de que muchas de las comunidades del Urabá estaban viviendo la misma tragedia?
En el 97 destruyeron más o menos a 35 comunidades, esa fue la Operación Génesis, dirigida por el general Rito Alejo del Rio, excomandante de la brigada XVII del Ejército. Mientras el Ejército bombardeaba los caseríos, por tierra entraban los paramilitares a tomarse las viviendas. Les daban un día a los pobladores para que desocuparan y se fueran. Le gente esperaba alguna embarcación o la hacían artesanalmente para salir a donde pudieran. Con lo que tenían encima llegaban a Turbo. Allá, la Policía estaba avisada y los iba recibiendo y se los iba llevando al coliseo. Todo estaba planeado.
¿Qué recuerda de ese momento?
Recuerdo el desespero de la gente porque era un desarraigo de su tierra, de su comunidad. Ellos jamás lo habían previsto y eso les dolía y les duele como si les arrancaran la piel. En el coliseo no hacían sino llorar y nos pedían que les ayudáramos a entender qué estaba pasando con ellos. Nosotros tampoco entendíamos nada, entonces, lo único que hicimos desde la Comisión de Justicia y Paz fue hacer que ese exilio fuera menos inhumano. Nos conseguimos unos recursos para hacer unos albergues donde por lo menos las familias tuvieran lo mínimo de privacidad y allí estuvieron cuatro años, en ese exilio, en Turbo.
Esto quiere decir que muchas de las tierras de los negros y de los indígenas fueron ocupadas por el monocultivo de la palma y el banano. ¿Qué pasa hoy con esos terrenos?
En todos estos años se ha logrado ir esclareciendo qué intereses había detrás y quiénes eran los empresarios. Ellos son un grupo de empresarios, antioqueños la mayoría, muy amigos del expresidente Álvaro Uribe, que tuvieron entonces todo el respaldo oficial. La mayoría eran empresarios de palma, también había algunos bananeros y otros vinculados a algunas transnacionales de banano. El trabajo jurídico para demostrar el despojo empezó en el 2000. Después, hubo algunos avances y varios empresarios llegaron a la cárcel. Existen casos que fueron hasta la Corte Suprema de Justicia, pero ellos (los empresarios) nunca se han dado por derrotados y se las arreglan para salir de la cárcel, para buscar palancas al más alto nivel, para cambiar las sentencias, en fin. Y cuando no pueden volver a apoderarse de la tierra así, porque también ha habido decisiones judiciales que favorecen a las comunidades negras, entonces lo hacen por sus propios medios.
Este era el tono del entonces comandante de la brigada del Ejército en Urabá, Rito Alejo del Río, quien años después sería condenado por apoyar la operación de los paramilitares en el río Cacarica./Archivo.
¿Qué significa eso?
Ellos siempre han estado apoyados por los paramilitares y los tienen para que les hagan la vida imposible a las comunidades. Para que les corten las cercas, para meter ganado en sus terrenos y destruir sus cultivos, en fin, para desesperar a los negros y aburrirlos. Ellos se quejan ante los juzgados y ante los tribunales. El Estado manda al Ejército y se está ocho días. Luego se van y los paramilitares vuelven a destruir las cercas y todo ese círculo vicioso se prolonga.
De los miles de pobladores que abandonaron sus tierras tras la represión paramilitar, ¿cuántos han regresado hoy y cuántos están amenazados por reclamar la titularidad de sus predios?
Mucha gente no volvió. Recuerdo que ese fue el primer trabajo nuestro. A la gente que estaba en el coliseo les llevamos abogados para que les explicaran un poco de sus derechos. Como era eso de reclamar su propia tierra, en fin, ¡es que la gente estaba tan aterrorizada! Muchos nos dijeron: “yo no vuelvo por allá, yo prefiero vivir”. Se fueron a muchas regiones del país a buscar familiares lejanos para instalarse en otro lugar. Hubo otro porcentaje que sí se atrevió a recuperar la tierra, regresó y sigue dando la pelea.
¿El retorno se dio durante qué años?
Viene desde el año 2002. Los que querían retornar se quedaron en Turbo. Inicialmente se hicieron incursiones espontaneas, con acompañamiento internacional, para revisar qué había quedado y dónde se podía instalar la comunidad. Conseguíamos una embarcación, llegábamos al sitio y donde se decía que se iba a fundar un nuevo caserío, los negros sembraron cosas, para que al retornar tuvieran algo para comer. Así se fueron ubicando cuatro sitios de retorno en las ruinas de los caseríos que quedaron en pie. Entonces, en el mismo exilio que vivían en Turbo, la gente empezó a soñar con una nueva vida. Incluso, a un caserío en ruinas y que ellos reconstruyeron le llamaron Nueva Vida, a otro Esperanza en Dios y así fueron haciendo como una maqueta de nuevas comunidades y de una nueva vida desde el exilio en Turbo. Y así se dieron las incursiones hasta que se dieron los retornos.
Miles de pobladores del bajo Atrato viven en casas palafiticas a la orilla de este afluente del Pacífico. Siguen soñando con vivir dignamente en sus territorios./Archivo El Espectador.
¿Cuáles son las principales dificultades de esas comunidades que retornaron a su territorio y que hoy pelean por la titularidad de sus predios?
En este momento hay dos zonas de mucho conflicto sobre las riberas de los ríos Juguamiandó y Curvaradó. En el Curvaradó había muchos caseríos destruidos, pero la gente ha estado volviendo y reconstruyendo algunos. No obstante, ha tenido un conflicto terrible con empresarios de todo tipo. Por ejemplo, los atacan a nivel organizativo. Ahora cooptan líderes y hacen que éstos se tomen a sus comunidades para el beneficio particular. En fin. Hace falta mucho por restituir tierra y derechos a estas comunidades y, como dije antes, si a los negros e indígenas les quitan la tierra, es como si les arrancaran la piel.
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Tomado de https://colombia2020.elespectador.com/territorio/quitarles-la-tierra-los-negros-de-uraba-es-como-arrancarles-la-piel-padre-javier-giraldo
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