Hace 14 años el padre jesuita Javier Giraldo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al teniente coronel (R) Néstor Duque. Lo acusó de varios crímenes mientras era el comandante del batallón Bejarano Muñoz, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército con sede en Carepa (Antioquia). /El Espectador
No era posible describir tanto dolor. A finales de 1997, el coliseo de Turbo (Antioquia) acogió a más de tres mil campesinos negros e indígenas que habían sido desplazados de las riberas del río Cacarica, en Riosucico (Chocó), por grupos paramilitares. Su pecado fue vivir en tierras fértiles, que después empresarios sembrarían con palma.
Durante cuatro años apaliaron el dolor del despojo en unos albergues que el padre Javier Giraldo ayudó a solventar con recursos de coperación internacional. Después de ese tiempo, algunos han intentado regresar para pelear sus predios, en medio de un clima de asesinatos y amenazas constantes. Muchos de ellos aún resisten.
El sacerdote jesuita, quien se ha caracterizado por su tono frentero, sigue en ese territorio denunciando la sistemática persecución que viven los líderes sociales, principalmente, los que reclaman su tierra desde esos años de violencia paramilitar. Una que según Giraldo, no pudo darse sin la connivencia del Ejército, como sentenció la justicia colombiana, en agosto de 2010, en el fallo contra el exgeneral Rito Alejo del Río. Una decisión relacionada con el asesinato de Marino López, un líder chocoano al que los paramilitares le cortaron la cabeza y jugaron con ella. Giraldo reitera que después de esta operación conjunta entraron los palmeros a sembrar estos territorios.
Sin la túnica de capellán, Giraldo ha caminado estos territorios periféricos y olvidados. Su túnica, más bien, parece hecha de resistencia. Con ella sigue defendiendo a cientos de líderes sociales de esta región. Con él hablamos, de los residuos paramilitares que aún perviven en la zona y de los intereses particulares que están defendiendo.
La guerra se agudizó en Urabá luego de la guerrilla de las Farc activara un carro bomba en el casco urbano de Apartadó (subregión de Urabá) el 27 de febrero de 1997./Archivo.
¿Cuándo llegó a las tierras del Urabá?
Llegué a finales de 1996, justo en la época en que se registraban muchos desplazamientos forzados. Los campesinos estaban muy desesperados porque los estaban matando todos los días. Había un plan para despejar de población toda esa región porque era y sigue siendo un corredor muy apetecido por todos los grupos armados, legales e ilegales. Un corredor que conecta con el Nudo de Paramillo, que era el centro de operaciones de los paramilitares. Ahora bien, por el Golfo de Urabá también sale mucha droga y entran las armas. Entonces, todo ese corredor ha sido muy apetecido por todos los grupos violentos: las guerrillas, el Ejército y los paramilitares.
¿Qué recuerda de ese momento trágico para las comunidades de Cacarica (Chocó)?
Al bajo y medio Atrato llegaron miles de desplazados entre el año 96 y 97. En ese momento estábamos un poco despistados, porque nos preguntábamos a qué obedecía todo ese desplazamiento. No entendíamos. Incluso, una hipótesis era que estaban desempolvando el proyecto de construir un canal interoceánico, alternativo al canal de Panamá, uniendo dos ríos: el Atrato y el Truandó, y que por eso estaban expulsando a la población para apoderarse de todos los terrenos.
¿Y si era eso?
No. Después de varios años de acompañar a estas comunidades en sus esfuerzos por retornar y recuperar la tierra, empezamos a descubrir que toda esa tierra estaba siendo sembrada de palma africana, eso fue entre 2000 y 2002. En todos esos territorios la palma africana estaba creciendo. Recuerdo que en una navidad acompañamos a un grupo de personas a ver qué había quedado de su caserío, el de Santa Lucía, sus viviendas y enceres que habían construido durante décadas. No había nada. Incluso, a la comunidad lo que más le dolía era que habían borrado del mapa el cementerio. Pasaron buldóceres, arrasando también viviendas y escuelas.
Tras este suceso, ¿se dio cuenta de que muchas de las comunidades del Urabá estaban viviendo la misma tragedia?
En el 97 destruyeron más o menos a 35 comunidades, esa fue la Operación Génesis, dirigida por el general Rito Alejo del Rio, excomandante de la brigada XVII del Ejército. Mientras el Ejército bombardeaba los caseríos, por tierra entraban los paramilitares a tomarse las viviendas. Les daban un día a los pobladores para que desocuparan y se fueran. Le gente esperaba alguna embarcación o la hacían artesanalmente para salir a donde pudieran. Con lo que tenían encima llegaban a Turbo. Allá, la Policía estaba avisada y los iba recibiendo y se los iba llevando al coliseo. Todo estaba planeado.
¿Qué recuerda de ese momento?
Recuerdo el desespero de la gente porque era un desarraigo de su tierra, de su comunidad. Ellos jamás lo habían previsto y eso les dolía y les duele como si les arrancaran la piel. En el coliseo no hacían sino llorar y nos pedían que les ayudáramos a entender qué estaba pasando con ellos. Nosotros tampoco entendíamos nada, entonces, lo único que hicimos desde la Comisión de Justicia y Paz fue hacer que ese exilio fuera menos inhumano. Nos conseguimos unos recursos para hacer unos albergues donde por lo menos las familias tuvieran lo mínimo de privacidad y allí estuvieron cuatro años, en ese exilio, en Turbo.
Esto quiere decir que muchas de las tierras de los negros y de los indígenas fueron ocupadas por el monocultivo de la palma y el banano. ¿Qué pasa hoy con esos terrenos?
En todos estos años se ha logrado ir esclareciendo qué intereses había detrás y quiénes eran los empresarios. Ellos son un grupo de empresarios, antioqueños la mayoría, muy amigos del expresidente Álvaro Uribe, que tuvieron entonces todo el respaldo oficial. La mayoría eran empresarios de palma, también había algunos bananeros y otros vinculados a algunas transnacionales de banano. El trabajo jurídico para demostrar el despojo empezó en el 2000. Después, hubo algunos avances y varios empresarios llegaron a la cárcel. Existen casos que fueron hasta la Corte Suprema de Justicia, pero ellos (los empresarios) nunca se han dado por derrotados y se las arreglan para salir de la cárcel, para buscar palancas al más alto nivel, para cambiar las sentencias, en fin. Y cuando no pueden volver a apoderarse de la tierra así, porque también ha habido decisiones judiciales que favorecen a las comunidades negras, entonces lo hacen por sus propios medios.
Este era el tono del entonces comandante de la brigada del Ejército en Urabá, Rito Alejo del Río, quien años después sería condenado por apoyar la operación de los paramilitares en el río Cacarica./Archivo.
¿Qué significa eso?
Ellos siempre han estado apoyados por los paramilitares y los tienen para que les hagan la vida imposible a las comunidades. Para que les corten las cercas, para meter ganado en sus terrenos y destruir sus cultivos, en fin, para desesperar a los negros y aburrirlos. Ellos se quejan ante los juzgados y ante los tribunales. El Estado manda al Ejército y se está ocho días. Luego se van y los paramilitares vuelven a destruir las cercas y todo ese círculo vicioso se prolonga.
De los miles de pobladores que abandonaron sus tierras tras la represión paramilitar, ¿cuántos han regresado hoy y cuántos están amenazados por reclamar la titularidad de sus predios?
Mucha gente no volvió. Recuerdo que ese fue el primer trabajo nuestro. A la gente que estaba en el coliseo les llevamos abogados para que les explicaran un poco de sus derechos. Como era eso de reclamar su propia tierra, en fin, ¡es que la gente estaba tan aterrorizada! Muchos nos dijeron: “yo no vuelvo por allá, yo prefiero vivir”. Se fueron a muchas regiones del país a buscar familiares lejanos para instalarse en otro lugar. Hubo otro porcentaje que sí se atrevió a recuperar la tierra, regresó y sigue dando la pelea.
¿El retorno se dio durante qué años?
Viene desde el año 2002. Los que querían retornar se quedaron en Turbo. Inicialmente se hicieron incursiones espontaneas, con acompañamiento internacional, para revisar qué había quedado y dónde se podía instalar la comunidad. Conseguíamos una embarcación, llegábamos al sitio y donde se decía que se iba a fundar un nuevo caserío, los negros sembraron cosas, para que al retornar tuvieran algo para comer. Así se fueron ubicando cuatro sitios de retorno en las ruinas de los caseríos que quedaron en pie. Entonces, en el mismo exilio que vivían en Turbo, la gente empezó a soñar con una nueva vida. Incluso, a un caserío en ruinas y que ellos reconstruyeron le llamaron Nueva Vida, a otro Esperanza en Dios y así fueron haciendo como una maqueta de nuevas comunidades y de una nueva vida desde el exilio en Turbo. Y así se dieron las incursiones hasta que se dieron los retornos.
Miles de pobladores del bajo Atrato viven en casas palafiticas a la orilla de este afluente del Pacífico. Siguen soñando con vivir dignamente en sus territorios./Archivo El Espectador.
¿Cuáles son las principales dificultades de esas comunidades que retornaron a su territorio y que hoy pelean por la titularidad de sus predios?
En este momento hay dos zonas de mucho conflicto sobre las riberas de los ríos Juguamiandó y Curvaradó. En el Curvaradó había muchos caseríos destruidos, pero la gente ha estado volviendo y reconstruyendo algunos. No obstante, ha tenido un conflicto terrible con empresarios de todo tipo. Por ejemplo, los atacan a nivel organizativo. Ahora cooptan líderes y hacen que éstos se tomen a sus comunidades para el beneficio particular. En fin. Hace falta mucho por restituir tierra y derechos a estas comunidades y, como dije antes, si a los negros e indígenas les quitan la tierra, es como si les arrancaran la piel.
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Tomado de https://colombia2020.elespectador.com/territorio/quitarles-la-tierra-los-negros-de-uraba-es-como-arrancarles-la-piel-padre-javier-giraldo
