domingo, 29 de abril de 2012
viernes, 27 de abril de 2012
Derechos sindicales vs. calidad de la educación
Por: Elespectador.com
FECODE le envió una carta al Presidente Santos en la que le da indicaciones sobre la educación en el país, y llama a la movilización de todos los docentes el próximo 25 de abril para reclamar sus derechos laborales y prestacionales. Además advierte que si el Presidente no logra mejorar las relaciones con la Federación, esta se encargará de llamar al magisterio a la "anormalidad académica indefinida".
El conflicto con FECODE tiene una larga historia; pues su régimen de seguridad social es otro de aquellos llamados excepcionales. Por ejemplo, los maestros trabajan 40 horas a la semana, de las cuales sólo 30 las pasan en establecimientos educativos; de estas, 22 se destinan a clases propiamente (para los maestros las clases son de 55 minutos; pero el gobierno insiste en que deben ser de 60 mins). Pese a este flexible horario tienen muchas ventajas: la Ley 91 de 1989 crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para salud y prestaciones. La salud, de régimen especial, tiene un plan integral de atención en medicina y odontología en todos los niveles y no exige copagos ni cuotas moderadoras; atiende todo tipo de patologías sin restricción y sin periodos mínimos de cotización para los docentes y sus beneficiarios, que incluyen cónyuges, padres, hijos y nietos hasta por 30 días; incluso cubre tratamientos de enfermedades catastróficas o de alto costo sin ninguna restricción y tratamiento de alcoholismo. El suministro de los medicamentos no está sujeto a restricción. No existen exclusiones, ni preexistencias. En materia pensional también tienen prebendas; el régimen de los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 (Ley 91 de 1989) les otorga pensión a los 55 años, y además pueden permanecer en el servicio hasta los 65 años y recibir ambas erogaciones (pensión y salario). Para los docentes a partir de esa fecha se aplica la ley 100, pero la edad de jubilación es de 57 años, (y no de 60 y 62 como se establece para el resto de los colombianos).
El FOMAG, el cual es administrado por la fiduciaria de La Previsora está en crisis presupuestal. El Estado le debe más de 30 billones de pesos. Más aún, jugosas demandas -que hoy investiga la Contraloría y la Procuraduría en el departamento de Córdoba- estarían a punto de saquear el presupuesto de la entidad. Jueces ordenaron el embargo de más de 450 mil millones de pesos del FOMAG para satisfacer demandas pensionales.
Semejante esfuerzo fiscal y los beneficios parecerían adecuados para incentivar que los mejores hagan parte del sistema educativo. La excelencia de los profesores es el insumo básico y fundamental para garantizar la calidad. Sin embargo, ese no es el caso. En el examen del escalafón docente sólo el 18% de los evaluados mostró un nivel satisfactorio. Es decir, estamos dándole privilegios enormes a educadores de baja calidad. Eso explica los nefastos resultados en las pruebas a los estudiantes colombianos, sobretodo en el sector público.
Así las cosas, se hace evidente que el esfuerzo y la estructura de incentivos que existe es insuficiente para garantizar la calidad de la educación. Las razones son muchas, pero la principal es que se han privilegiado los derechos laborales y sindicales de los docentes sobre los derechos a la educación de los niños. Lo ideal sería que todos los derechos otorgados a los ciudadanos pudieran convivir y desarrollarse al máximo sin interrumpir o coartar los demás derechos y las demás personas. Sin embargo, es natural que unos colisionen con otros –y hace parte del quehacer jurídico resolver esas tensiones. Colombia tiene que evaluar la escala mediante la cual se jerarquizan los derechos; pues a la hora de los tirones, es importante determinar cuál y hasta qué punto debe ceder.
Por ejemplo, dice la carta de FECODE que se deben acabar los colegios por concesión, pues son una forma de privatizar la educación. La Federación pretende imponer el sistema de administración y contratación pública que mantiene a sus afiliados; lo que se contrapone al hecho de que en términos de calidad son mejores los colegios concesionados. Es natural que el sindicato defienda sus intereses; pero es inaceptable que el país opte por privilegiar el sindicalismo sobre la calidad de la educación de los niños.
FECODE trabaja incansablemente para impedir las evaluaciones de docentes, y para evitar que estas tengan como consecuencia despidos; una defensa a la estabilidad laboral. Sin embargo, aquello se opone a la necesidad de depurar el sistema y garantizar que sólo los mejores permanezcan. Es increíble que se privilegien las demandas de FECODE aún atropellando los derechos de los niños a educación de calidad.
Colombia no podrá desarrollarse ni tener niveles de equidad mientras mantenga la brecha entre la educación pública y la privada. Todos los niños deben tener la opción de recibir buena educación; es deber del Estado garantizarlo. En ese sentido es razonable adoptar las medidas que mejor lo consigan aunque lesionen derechos laborales; cabe recordar que la propia Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.
@PalomaValenciaL
Opinión |24 Abr 2012 - 12:07 am
Tomado de;
Recomendado por Gerardo Bustos Tolosa
martes, 24 de abril de 2012
Celebración día del Idioma
lunes, 23 de abril de 2012
viernes, 20 de abril de 2012
Reunión del SENA en nuestra Institución
Asistentes a los cursos del SENA en nuestra Institución Educativa
Instructor del SENA
domingo, 15 de abril de 2012
‘Expara’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe
Convencido de que está contando la verdad histórica, el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, ratificó su denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez e insistió ante una funcionaria judicial que éste, junto con su hermano Santiago y otros ganaderos del noreste antioqueño, había fundado el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a mediados de los años 90.
Sierra fue llamado a declarar por la Fiscalía en su defensa, pues los hermanos Uribe Vélez lo demandaron por injuria y calumnia a mediados de septiembre de 2011, una vez se conoció un video divulgado por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en que el exparamilitar los denunciaba. Sierra acudió el 3 de abril ante la Fiscalia 248 de Itagüí, adonde llegó escoltado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y acompañado por su abogada. Ante ese despacho, volvió a narrar lo que ya había dicho en el video grabado por Cepeda en la cárcel de Itagüí en agosto de 2011 y divulgado un mes después.
“Vine a ratificar en los hechos”, dijo alias ‘Alberto Guerrero’ a VerdadAbierta.com a la salida de la diligencia judicial. “En la fundación y creación del bloque Metro participaron el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, al igual que los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”, añadió.
Ante el representante Cepeda, el exjefe paramilitar, quien comandó el Frente Cacique Pipintá, había dicho algo muy similar: que quienes crearon el bloque Metro de las Accu fueron “el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”. Estas personas tienen en común que han tenido fincas en la zona de San José del Nus, en el noreste antioqueño, muy cerca del corregimiento Cristales, de San Roque, donde tuvo la base este bloque de las AUC. En esa misma zona la guerrilla del ELN había tenido mucha influencia.
En su relato de agosto de 2011, alias ‘Alberto Guerrero’ aseveró que la creación de este bloque, que comandó el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, estuvo vinculada al robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. También dijo que esta finca fue la primera base del bloque Metro, antes de que fuera trasladada a Cristales.
En su corta declaración, aseguró que con sus testimonios está contribuyendo a reconstruir la verdad histórica del paramilitarismo en Antioquia, a pesar de que no está postulado a losbeneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sierra tiene en su contra al menos nueve condenas por hechos relacionados con su actividad paramilitar, desarrollada desde finales de la década del 90 hasta su desmovilización tardía, en septiembre de 2007, como comandante del frente Cacique Pipintá, considerado un apéndice del Bloque Central Bolívar que delinquió en algunas regiones de Caldas, Risaralda y Antioquia.
Otros paramilitares han coincidido con Sierra en denunciar los supuestos nexos de diversos integrantes de las AUC con algunos miembros de la familia Uribe Vélez.
Alias ‘Alberto Guerrero’ dio a conocer, además, una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2011 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el expresidente Uribe Vélez, por hechos relacionados con la extradición de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos.
En el documento, de 11 páginas y que llevan cada una de ellas su firma y huella, hizo un recuento pormenorizado de los hechos que condujeron a la entrega de los excomandantes de las AUC a la justicia estadounidense, en los que, según alias ‘Guerrero’, se cometieron nueve delitos contenidos en el Código Penal colombiano: prevaricato por acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, infidelidad de los deberes profesionales, tortura sicológica, detención ilegal y privación del debido proceso, prolongación ilícita de privación de la libertad y calumnia.
De acuerdo con los argumentos presentados por alias ‘Alberto Guerrero’, sobresale el relacionado con la ausencia de órdenes de captura contra la mayoría de los 54 paramilitares retenidos desde el 18 de agosto, cuando inicialmente fueron conducidos a un centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial y adecuado como lugar de reclusión bajo la custodia de la Policía nacional y el Inpec.
En la denuncia penal presentada ante la Comisión de Acusaciones también se lee cómo el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, apeló a varias justificaciones para apaciguar los ánimos de los exparamilitares recluidos en La Ceja, entre ellas que se trataba de una “estrategia del presidente Uribe Vélez orientada a disminuir las enormes presiones de la embajada y del Gobierno de Estados Unidos contra varios excomandantes de las llamadas AUC que tenían requerimientos con fines de extradición”. Así mismo, les dijo que se buscaba “apaciguar los medios de comunicación de tal modo que acallaran las críticas contra el Gobierno, a raíz del proceso de paz con las Autodefensas”.
En esa misma reunión, celebrada el 20 de agosto de 2006, es decir, cuatro días después de la detención masiva, el Alto Comisionado para la Paz aseveró que por instrucción del Presidente tenían que firmar un documento previamente elaborado por su Oficina cuyo contenido literal, según alias ‘Alberto Guerrero’, “aludía a una certificación mediante la que se hacía constar que la reclusión de cada uno de los excomandantes de las autodefensas era eminentemente voluntaria”.
De acuerdo con lo denunciado por el exjefe del Frente Cacique Pipintá, en esa reunión se advirtió que quien no firmara el documento sugerido por el Alto Comisionado para la Paz “ocasionaría por parte del Gobierno nacional la no postulación del remiso a la Ley de Justicia y Paz, y la extradición de los que tenían órdenes de captura con ese fin”.
Sobre las supuestas irregularidades en la legalización de esa captura masiva, que fue presentada efectivamente como una decisión de reclusión voluntaria, alias ‘Guerrero’ aseguró que en los primeros días de octubre del 2006 regresó a La Ceja el Alto Comisionado para la Paz “en compañía de varios miembros de la Sijín y oficiales del Inpec”, quienes recogieron datos personales de los exparamilitares, se les tomaron fotografías y fueron escuchados en versión, sesión en la que se habrían autoincriminado del delito de concierto para delinquir.
“Con este acto se legalizaba improvisadamente la captura abusiva y vejatoria de todo derecho, de más de 40 desmovilizados privados de la libertad, desde hacía dos meses, por disposición autoritaria del Presidente de la República”, se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.
Según alias ‘Alberto Guerrero, las irregularidades se intensificaron a finales de noviembre de 2006, una vez los excomandantes de las AUC recluidos en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja firmaron un documento dirigido al Alto Comisionado para la Paz a través del que notificaban al Gobierno su decisión de “confesar toda la verdad sobre el fenómeno paramilitar y la participación y contribución de miembros de la clase política, del alto Gobierno y del empresariado en la agenda militar y política de las Autodefensas Campesinas”.
De acuerdo con el exparamilitar denunciante, esta expresa intención de aportar la verdad fue castigada con el traslado de los exjefes paramilitares a la cárcel de máxima y mediana seguridadde Itagüí, el primero de diciembre de 2006, y con ello empezaría, según el documento de denuncia, “un largo proceso de amordazamiento e intimidación dirigido a callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”.
Dos estrategias que alias ‘Alberto Guerrero’ interpreta como parte de esa “intimidación” para acallar a los exjefes de las AUC. La primera de ellas fue una reunión efectuada el primero de diciembre de 2007 en la biblioteca de la cárcel de Itagüí, entre el entonces subdirector nacional del Inpec, coronel (r) Leonardo Ortiz, y varios exjefes paramilitares, cuando ya habían transcurrido varios meses de versiones libres ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en la que se estaba develando la relación del paramilitarismo con varios sectores sociales, políticos, económicos y militares del país
“En la citada reunión, el señor coronel Ortiz manifestó que por encargo del señor general Eduardo Morales, director nacional del Inpec, y del Gobierno, no podía menos que recriminar, censurar y condenar la actitud desleal de la alta excomandancia de las Autodefensas con la Fuerza Pública. Recordó que cuando estaba en el servicio activo había sido muy amigo y había apoyado a varios jefes paramilitares, entre los que hizo mención expresa del excomandante Salvatore Mancuso”, afirmó alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia.
De acuerdo con este documento, en esa reunión “el coronel Ortiz dejó entrever las gravísimas consecuencias que podría acarrear a los exjefes desmovilizados la delación indiscriminada y descarnada contra miembros del Gobierno y de la Fuerza Pública con impecables hojas de vida”.
La segunda estrategia estuvo relacionada con una operación de registro comandada por el coronel Ortiz y realizada a comienzos de febrero de 2008 por un grupo especial del Inpec en el pabellón donde estaban recluidos los exjefes de las AUC en la cárcel de Itagüí. Según las autoridades, en ese operativo fue encontrada una pistola 9 milímetros y una granada, escondidas en dos libros huecos.
“El escándalo que desató dicho hallazgo no podía ser mejor pretexto para alegar que los excomandantes ‘paras’ seguían delinquiendo y, por esa razón potísima, había que prescindir cuanto antes de la mayoría de estos incómodos personajes por la expedita vía de la extradición”, aseveró alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia, y recordó que esa decisión se tomó pronto.
“Y el día de prescindir de esos individuos molestos, peligrosos y acaso traidores -portadores de grandes verdades muchas de las cuales aún no dichas- llegó el 13 de mayo de 2008, cuando fueron extraditados 14 excomandantes de las Autodefensas, bajo el pretexto infundado de estar delinquiendo en el interior del penal”, se aseguró en el documento.
Alias ‘Guerreró’ reiteró que las supuestas pruebas halladas en el operativo del Inpec “nunca fueron puestas por el Gobierno en manos de la Corte Suprema de Justicia” y sólo seis meses después la autoridad carcelaria “informó que los internos del pabellón uno de Justicia y Paz no tenían responsabilidad sobre el corrompido ‘hallazgo’ del coronel Ortiz”, ya cuando los 14 exjefes de las AUC estaban en manos de la justicia estadounidense.
Demandado por los Uribe Vélez por calumnia, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá, insistió en que ellos y otros hacendados crearon el Bloque Metro. Además demandó al exmandatario ante la Comisión de Acusaciones.
Sierra fue llamado a declarar por la Fiscalía en su defensa, pues los hermanos Uribe Vélez lo demandaron por injuria y calumnia a mediados de septiembre de 2011, una vez se conoció un video divulgado por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en que el exparamilitar los denunciaba. Sierra acudió el 3 de abril ante la Fiscalia 248 de Itagüí, adonde llegó escoltado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y acompañado por su abogada. Ante ese despacho, volvió a narrar lo que ya había dicho en el video grabado por Cepeda en la cárcel de Itagüí en agosto de 2011 y divulgado un mes después.
“Vine a ratificar en los hechos”, dijo alias ‘Alberto Guerrero’ a VerdadAbierta.com a la salida de la diligencia judicial. “En la fundación y creación del bloque Metro participaron el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, al igual que los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”, añadió.
Ante el representante Cepeda, el exjefe paramilitar, quien comandó el Frente Cacique Pipintá, había dicho algo muy similar: que quienes crearon el bloque Metro de las Accu fueron “el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”. Estas personas tienen en común que han tenido fincas en la zona de San José del Nus, en el noreste antioqueño, muy cerca del corregimiento Cristales, de San Roque, donde tuvo la base este bloque de las AUC. En esa misma zona la guerrilla del ELN había tenido mucha influencia.
En su relato de agosto de 2011, alias ‘Alberto Guerrero’ aseveró que la creación de este bloque, que comandó el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, estuvo vinculada al robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. También dijo que esta finca fue la primera base del bloque Metro, antes de que fuera trasladada a Cristales.
Otros paramilitares han coincidido con Sierra en denunciar los supuestos nexos de diversos integrantes de las AUC con algunos miembros de la familia Uribe Vélez.
Alias ‘Alberto Guerrero’ dio a conocer, además, una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2011 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el expresidente Uribe Vélez, por hechos relacionados con la extradición de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos.
En el documento, de 11 páginas y que llevan cada una de ellas su firma y huella, hizo un recuento pormenorizado de los hechos que condujeron a la entrega de los excomandantes de las AUC a la justicia estadounidense, en los que, según alias ‘Guerrero’, se cometieron nueve delitos contenidos en el Código Penal colombiano: prevaricato por acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, infidelidad de los deberes profesionales, tortura sicológica, detención ilegal y privación del debido proceso, prolongación ilícita de privación de la libertad y calumnia.
De acuerdo con los argumentos presentados por alias ‘Alberto Guerrero’, sobresale el relacionado con la ausencia de órdenes de captura contra la mayoría de los 54 paramilitares retenidos desde el 18 de agosto, cuando inicialmente fueron conducidos a un centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial y adecuado como lugar de reclusión bajo la custodia de la Policía nacional y el Inpec.
En la denuncia penal presentada ante la Comisión de Acusaciones también se lee cómo el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, apeló a varias justificaciones para apaciguar los ánimos de los exparamilitares recluidos en La Ceja, entre ellas que se trataba de una “estrategia del presidente Uribe Vélez orientada a disminuir las enormes presiones de la embajada y del Gobierno de Estados Unidos contra varios excomandantes de las llamadas AUC que tenían requerimientos con fines de extradición”. Así mismo, les dijo que se buscaba “apaciguar los medios de comunicación de tal modo que acallaran las críticas contra el Gobierno, a raíz del proceso de paz con las Autodefensas”.
En esa misma reunión, celebrada el 20 de agosto de 2006, es decir, cuatro días después de la detención masiva, el Alto Comisionado para la Paz aseveró que por instrucción del Presidente tenían que firmar un documento previamente elaborado por su Oficina cuyo contenido literal, según alias ‘Alberto Guerrero’, “aludía a una certificación mediante la que se hacía constar que la reclusión de cada uno de los excomandantes de las autodefensas era eminentemente voluntaria”.
De acuerdo con lo denunciado por el exjefe del Frente Cacique Pipintá, en esa reunión se advirtió que quien no firmara el documento sugerido por el Alto Comisionado para la Paz “ocasionaría por parte del Gobierno nacional la no postulación del remiso a la Ley de Justicia y Paz, y la extradición de los que tenían órdenes de captura con ese fin”.
Sobre las supuestas irregularidades en la legalización de esa captura masiva, que fue presentada efectivamente como una decisión de reclusión voluntaria, alias ‘Guerrero’ aseguró que en los primeros días de octubre del 2006 regresó a La Ceja el Alto Comisionado para la Paz “en compañía de varios miembros de la Sijín y oficiales del Inpec”, quienes recogieron datos personales de los exparamilitares, se les tomaron fotografías y fueron escuchados en versión, sesión en la que se habrían autoincriminado del delito de concierto para delinquir.
“Con este acto se legalizaba improvisadamente la captura abusiva y vejatoria de todo derecho, de más de 40 desmovilizados privados de la libertad, desde hacía dos meses, por disposición autoritaria del Presidente de la República”, se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.
Según alias ‘Alberto Guerrero, las irregularidades se intensificaron a finales de noviembre de 2006, una vez los excomandantes de las AUC recluidos en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja firmaron un documento dirigido al Alto Comisionado para la Paz a través del que notificaban al Gobierno su decisión de “confesar toda la verdad sobre el fenómeno paramilitar y la participación y contribución de miembros de la clase política, del alto Gobierno y del empresariado en la agenda militar y política de las Autodefensas Campesinas”.
Dos estrategias que alias ‘Alberto Guerrero’ interpreta como parte de esa “intimidación” para acallar a los exjefes de las AUC. La primera de ellas fue una reunión efectuada el primero de diciembre de 2007 en la biblioteca de la cárcel de Itagüí, entre el entonces subdirector nacional del Inpec, coronel (r) Leonardo Ortiz, y varios exjefes paramilitares, cuando ya habían transcurrido varios meses de versiones libres ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en la que se estaba develando la relación del paramilitarismo con varios sectores sociales, políticos, económicos y militares del país
“En la citada reunión, el señor coronel Ortiz manifestó que por encargo del señor general Eduardo Morales, director nacional del Inpec, y del Gobierno, no podía menos que recriminar, censurar y condenar la actitud desleal de la alta excomandancia de las Autodefensas con la Fuerza Pública. Recordó que cuando estaba en el servicio activo había sido muy amigo y había apoyado a varios jefes paramilitares, entre los que hizo mención expresa del excomandante Salvatore Mancuso”, afirmó alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia.
De acuerdo con este documento, en esa reunión “el coronel Ortiz dejó entrever las gravísimas consecuencias que podría acarrear a los exjefes desmovilizados la delación indiscriminada y descarnada contra miembros del Gobierno y de la Fuerza Pública con impecables hojas de vida”.
“El escándalo que desató dicho hallazgo no podía ser mejor pretexto para alegar que los excomandantes ‘paras’ seguían delinquiendo y, por esa razón potísima, había que prescindir cuanto antes de la mayoría de estos incómodos personajes por la expedita vía de la extradición”, aseveró alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia, y recordó que esa decisión se tomó pronto.
“Y el día de prescindir de esos individuos molestos, peligrosos y acaso traidores -portadores de grandes verdades muchas de las cuales aún no dichas- llegó el 13 de mayo de 2008, cuando fueron extraditados 14 excomandantes de las Autodefensas, bajo el pretexto infundado de estar delinquiendo en el interior del penal”, se aseguró en el documento.
Alias ‘Guerreró’ reiteró que las supuestas pruebas halladas en el operativo del Inpec “nunca fueron puestas por el Gobierno en manos de la Corte Suprema de Justicia” y sólo seis meses después la autoridad carcelaria “informó que los internos del pabellón uno de Justicia y Paz no tenían responsabilidad sobre el corrompido ‘hallazgo’ del coronel Ortiz”, ya cuando los 14 exjefes de las AUC estaban en manos de la justicia estadounidense.
Demandado por los Uribe Vélez por calumnia, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá, insistió en que ellos y otros hacendados crearon el Bloque Metro. Además demandó al exmandatario ante la Comisión de Acusaciones.
Según dijo Sierra García, él busca que la Comisión de Acusaciones, órgano competente para juzgar a los presidentes de la República, “dé apertura a la investigación penal” por los hechos que condujeron a la extradición de los excomandantes paramilitares y se establezca el grado de responsabilidad del exmandatario “en los actos y decisiones, directa o indirectamente ejecutados como Jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de los que pudo derivarse una grave violación de derechos fundamentales, provocados por abuso y desbordamiento del ejercicio constitucional de autoridad”.
En los dos casos, el de injuria y calumnia ante la Fiscalía de Itagüí y en el que inició Sierra García ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la palabra de un exparamilitar con nueve condenas encima contra la de un expresidente de la República. Será la justicia que determine si son verdaderas estas denuncias del exparamilitar o si, como asegura el expresidente Uribe Vélez, se trata de meras injurias y calumnias.
En los dos casos, el de injuria y calumnia ante la Fiscalía de Itagüí y en el que inició Sierra García ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la palabra de un exparamilitar con nueve condenas encima contra la de un expresidente de la República. Será la justicia que determine si son verdaderas estas denuncias del exparamilitar o si, como asegura el expresidente Uribe Vélez, se trata de meras injurias y calumnias.
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Tomado de;
domingo, 8 de abril de 2012
Piedad Córdoba, una mujer valiente.
Prohibido mencionar su nombre
Por: DANIEL SAMPER PIZANO |
DANIEL SAMPER PIZANO
En un alarde de pequeñez, el Gobierno intenta borrar la desvelada labor de Piedad Córdoba en el rescate de secuestrados.
Por: DANIEL SAMPER PIZANO |
DANIEL SAMPER PIZANO
En un alarde de pequeñez, el Gobierno intenta borrar la desvelada labor de Piedad Córdoba en el rescate de secuestrados.
Cuando Piedad rescató a los cuatro primeros uniformados, uno de ellos le cantó una canción.
Si la godarria buscaba que el presidente Juan Manuel Santos se pareciera a Álvaro Uribe, lo logró esta semana: Santos demostró que era capaz de imitar la mezquindad de Uribe, cuando llegó el momento de agradecer a quienes intervinieron en la liberación de diez uniformados que las Farc mantuvieron encadenados de manera infame durante 14 años. Encomio de las Fuerzas Armadas, reconocimiento al Brasil y la Cruz Roja, abrazos a las mujeres famosas que vinieron a Colombia a dar testimonio del histórico acto... Y ni una sola palabra para Piedad Córdoba -ni siquiera la mención de su nombre-, sin cuya intermediación habría sido imposible rescatar a las víctimas de la guerrilla.
Hace tres años Piedad encabezó un pequeño grupo de ciudadanos que, con la ayuda de Brasil y bajo la dirección de la Cruz Roja, rescató a otros seis secuestrados. Uribe era el presidente y Santos, su ministro de Defensa. No hubo zancadilla que no pusieran a la misión: sobrevuelos militares inesperados, mentiras flagrantes y, finalmente, destitución de varios miembros de la comisión por obra y gracia del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, un tipo poco claro y poco confiable.
Cuando Piedad rescató a los cuatro primeros uniformados, uno de ellos le cantó una canción de agradecimiento, fruto de su inspiración. Esa noche, Uribe montó un espectáculo televisivo con los rescatados en el que se abstuvo de nombrar a Piedad; el policía compositor cambió su versión y, con la misma música, soltó un canto de agradecimiento al presidente y al ministro que habían puesto en peligro su rescate y la vida misma de los miembros de la comisión.
No hay trampa, agravio ni descalificación que no se haya intentado contra la aguerrida y pinturera líder antioqueña. Siendo su adversario jurado, Su Santidad el Procurador la destituyó por sí y ante sí como senadora y la expulsó de la política electoral durante 18 años basado en pruebas que la Corte Suprema de Justicia consideró inaceptables en casos parecidos. Incluso un dirigente deportivo indigno de su cargo cometió el exabrupto de decir que el país aplaudiría al hombre que le diera una paliza a la exsenadora.
Varias veces ha estado a punto de que la maten, le ha tocado exiliarse temporalmente para salvar la vida y tiene callo de aguantar insultos por ser mujer, negra e izquierdista. Pero, aun sabiendo que no le sirve para ganar votos, persiste en su vocación pacifista. Dirán lo que quieran, pero nadie ha rescatado como ella a tantos colombianos de las cadenas de las Farc. Cual Gení, personaje de una canción de Chico Buarque, le besan la mano cuando la necesitan; pero cuando ya los ha salvado, le tiran piedras. No es santa Rita de Casia, por supuesto. A veces se va de la lengua, tiene amigos poco recomendables y habla en el exasperante lenguaje desdoblado del "ciudadanos y ciudadanas".
Pero es valiente y honesta y seguirá siendo clave en el proceso hacia la paz dialogada, única vía que le queda a este país, a menos que prefiera insistir en la carnicería.
ESQUIRLAS. 1) Cuando se realice la votación para elegir al nuevo presidente del Banco Mundial, pedimos que el delegado colombiano anuncie públicamente a quién apoya. Temo que, siguiendo una humillante tradición de sometimiento a Washington, lo hará por el mediocre candidato de Estados Unidos y no por el colombiano José Antonio Ocampo, reconocido como aspirante excelente. 2) La degradación del español en los medios de comunicación es vergonzosa. El verbo "colocar", supuesto reemplazo fino de "poner", alcanzó su cumbre cuando El Espectador (3.IV. p 4) señaló que la comisión humanitaria "colocó fin a su pretensión de reencaucharse"; los perros están en vía de desaparición, sustituidos por el abstracto y postizo "caninos" (Semana, 2-9.IV. p 37) y El Universal (4.IV. p 3A); y El TIEMPO (3.IV. p 15) emplea el horrible anglicismo renting, aunque reconoce que es sinónimo de "arrendamiento". Por favor, un poco de respeto: esta es la lengua que da de comer a nuestros hijos.
DANIEL SAMPER PIZANO
cambalache@mail.ddnet.es
Tomado de:
jueves, 5 de abril de 2012
Vía Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar
Los proyectosEl grupo uno o Centro - Sur cuenta con un presupuesto oficial de estructuración de más de 11 mil 652 millones de pesos y está divido en tres tramos.
El primer trayecto comprende el corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué, de 312 kilómetros; los trabajos consistirían en mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente entre Girardot - Cambao - Puerto Bogotá - Puerto Salgar..
.
lan de intervenciones corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué
Actividades sobre la calzada existente:
- Construcción de una conexión vial (o variante) entre Girardot - Nariño (Cundinamarca) y la variante Chicoral (parte de la concesión vial Girardot - Ibagué – Cajamarca).
- Construcción de dos intercambiadores viales a desnivel: uno en el cruce de la conexión vial Girardot - Nariño con la variante de Chicoral; y el segundo, en la vía departa mental Girardot - Nariño - Guataquí - Cambao.
- Construcción de dos puentes vehiculares paralelos y sus accesos, sobre el río Magdalena (en Girardot), completando un trazado de doble calzada y la conexión vial antes mencionada.
- Mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente entre Girardot - Cambao - Puerto Bogotá y Puerto Salgar, según necesidades.
- Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en sitios críticos (según estudio de demanda, seguridad vial y otros estudios técnicos) en la vía existente entre Puerto Salgar - La Dorada - Honda.
Actividades sobre la calzada existente:
- Construcción de una conexión vial (o variante) entre Girardot - Nariño (Cundinamarca) y la variante Chicoral (parte de la concesión vial Girardot - Ibagué – Cajamarca).
- Construcción de dos intercambiadores viales a desnivel: uno en el cruce de la conexión vial Girardot - Nariño con la variante de Chicoral; y el segundo, en la vía departa mental Girardot - Nariño - Guataquí - Cambao.
- Construcción de dos puentes vehiculares paralelos y sus accesos, sobre el río Magdalena (en Girardot), completando un trazado de doble calzada y la conexión vial antes mencionada.
- Mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente entre Girardot - Cambao - Puerto Bogotá y Puerto Salgar, según necesidades.
- Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en sitios críticos (según estudio de demanda, seguridad vial y otros estudios técnicos) en la vía existente entre Puerto Salgar - La Dorada - Honda.
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Tomado de:
miércoles, 4 de abril de 2012
Semana de Desarrollo Institucional en Semana Santa
Docentes Tiberio Murcia Godoy y Cesar Moreno
Docentes Cesar Moreno, Jeferson Peña y Alejandro Torres
Docentes asistentes
Docentes asistentes
Docentes Carmen Elisa Sarmiento Toro, Luz Daly Garcia, Nidia Sánchez y José Agustín Sánchez
Docentes asistentes
Docentes asistentes
Rector Luis Carlos Arboleda Rueda y Marta Telles
Docentes Erisinda Sánchez, Diego Sandoval y Marcos Jimenez
Coordinador Alfonso Chavez
Docentes asistentes
Profesor nuevo de Contabilidad Jaime Mendez Suarez
Docente José Gabriel Muñoz Granada
Docentes Alirio y Monica
Docente Doris Beltran
Docentes Claudia Parra y Tiberio Murcia
Coordinador Alfonso Chavez, exponiendo el proyecto de Lecto Escritura.
Seamos amigos, tomemos un tinto,
Jeferson Peña en su exposición
Psicologo Jeferson Peña exponiendo el proyecto de Convivencia
Docente José Gabriel Muñoz Granada
Docente José Gabriel Muñoz Granada exponiendo el proyecto de bilinguismo a los docente de Básica primaria.
Fotografías. Esp. Tiberio Murcia Godoy.
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