domingo, 15 de abril de 2012

‘Expara’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe

Convencido de que está contando la verdad histórica, el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, ratificó su denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez e insistió ante una funcionaria judicial que éste, junto con su hermano Santiago y otros ganaderos del noreste antioqueño, había fundado el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a mediados de los años 90.

Sierra fue llamado a declarar por la Fiscalía en su defensa, pues los hermanos Uribe Vélez lo demandaron por injuria y calumnia a mediados de septiembre de 2011, una vez se conoció un video divulgado por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en que el exparamilitar los denunciaba. Sierra acudió el 3 de abril ante la Fiscalia 248 de Itagüí, adonde llegó escoltado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y acompañado por su abogada. Ante ese despacho, volvió a narrar lo que ya había dicho en el video grabado por Cepeda en la cárcel de Itagüí en agosto de 2011 y divulgado un mes después.


“Vine a ratificar en los hechos”, dijo alias ‘Alberto Guerrero’ a VerdadAbierta.com a la salida de la diligencia judicial. “En la fundación y creación del bloque Metro participaron el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, al igual que los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”, añadió.


Ante el representante Cepeda, el exjefe paramilitar, quien comandó el Frente Cacique Pipintá, había dicho algo muy similar: que quienes crearon el bloque Metro de las Accu fueron “el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”. Estas personas tienen en común que han tenido fincas en la zona de San José del Nus, en el noreste antioqueño, muy cerca del corregimiento Cristales, de San Roque, donde tuvo la base este bloque de las AUC. En esa misma zona la guerrilla del ELN había tenido mucha influencia.


En su relato de agosto de 2011, alias ‘Alberto Guer­rero’ aseveró que la creación de este bloque, que comandó el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, estuvo vinculada al robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. También dijo que esta finca fue la primera base del bloque Metro, antes de que fuera trasladada a Cristales.


En su corta declaración, aseguró que con sus testimonios está contribuyendo a reconstruir la verdad histórica del paramilitarismo en Antioquia, a pesar de que no está postulado a losbeneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sierra tiene en su contra al menos nueve condenas por hechos relacionados con su actividad paramilitar, desarrollada desde finales de la década del 90 hasta su desmovilización tardía, en septiembre de 2007, como comandante del frente Cacique Pipintá, considerado un apéndice del Bloque Central Bolívar que delinquió en algunas regiones de Caldas, Risaralda y Antioquia.


Otros paramilitares han coincidido con Sierra en denunciar los supuestos nexos de diversos integrantes de las AUC con algunos miembros de la familia Uribe Vélez.


Alias ‘Alberto Guerrero’ dio a conocer, además, una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2011 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el expresidente Uribe Vélez, por hechos relacionados con la extradición de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos.

En el documento, de 11 páginas y que llevan cada una de ellas su firma y huella, hizo un recuento pormenorizado de los hechos que condujeron a la entrega de los excomandantes de las AUC a la justicia estadounidense, en los que, según alias ‘Guerrero’, se cometieron nueve delitos contenidos en el Código Penal colombiano: prevaricato por acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, infidelidad de los deberes profesionales, tortura sicológica, detención ilegal y privación del debido proceso, prolongación ilícita de privación de la libertad y calumnia.


De acuerdo con los argumentos presentados por alias ‘Alberto Guerrero’, sobresale el relacionado con la ausencia de órdenes de captura contra la mayoría de los 54 paramilitares retenidos desde el 18 de agosto, cuando inicialmente fueron conducidos a un centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial y adecuado como lugar de reclusión bajo la custodia de la Policía nacional y el Inpec.


En la denuncia penal presentada ante la Comisión de Acusaciones también se lee cómo el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, apeló a varias justificaciones para apaciguar los ánimos de los exparamilitares recluidos en La Ceja, entre ellas que se trataba de una “estrategia del presidente Uribe Vélez orientada a disminuir las enormes presiones de la embajada y del Gobierno de Estados Unidos contra varios excomandantes de las llamadas AUC que tenían requerimientos con fines de extradición”. Así mismo, les dijo que se buscaba “apaciguar los medios de comunicación de tal modo que acallaran las críticas contra el Gobierno, a raíz del proceso de paz con las Autodefensas”.


En esa misma reunión, celebrada el 20 de agosto de 2006, es decir, cuatro días después de la detención masiva, el Alto Comisionado para la Paz aseveró que por instrucción del Presidente tenían que firmar un documento previamente elaborado por su Oficina cuyo contenido literal, según alias ‘Alberto Guerrero’, “aludía a una certificación mediante la que se hacía constar que la reclusión de cada uno de los excomandantes de las autodefensas era eminentemente voluntaria”.


De acuerdo con lo denunciado por el exjefe del Frente Cacique Pipintá, en esa reunión se advirtió que quien no firmara el documento sugerido por el Alto Comisionado para la Paz “ocasionaría por parte del Gobierno nacional la no postulación del remiso a la Ley de Justicia y Paz, y la extradición de los que tenían órdenes de captura con ese fin”.


Sobre las supuestas irregularidades en la legalización de esa captura masiva, que fue presentada efectivamente como una decisión de reclusión voluntaria, alias ‘Guerrero’ aseguró que en los ­primeros días de octubre del 2006 regresó a La Ceja el Alto Comisionado para la Paz “en compañía de varios miembros de la Sijín y oficiales del Inpec”, quienes recogieron datos personales de los exparamilitares, se les tomaron fotografías y fueron escuchados en versión, sesión en la que se habrían autoincriminado del delito de concierto para delinquir.


“Con este acto se legalizaba improvisadamente la captura abusiva y vejatoria de todo derecho, de más de 40 desmovilizados privados de la libertad, desde hacía dos meses, por disposición autoritaria del Presidente de la República”, se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.


Según alias ‘Alberto Guerrero, las irregularidades se intensificaron a finales de noviembre de 2006, una vez los excomandantes de las AUC recluidos en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja firmaron un documento dirigido al Alto Comisionado para la Paz a través del que notificaban al Gobierno su decisión de “confesar toda la verdad sobre el fenómeno paramilitar y la participación y contribución de miembros de la clase política, del alto Gobierno y del empresariado en la agenda militar y política de las Autodefensas Campesinas”.

De acuerdo con el exparamilitar denunciante, esta expresa intención de aportar la verdad fue castigada con el traslado de los exjefes paramilitares a la cárcel de máxima y mediana seguridadde Itagüí, el primero de diciembre de 2006, y con ello empezaría, según el documento de denuncia, “un largo proceso de amordazamiento e intimidación dirigido a callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”.

Dos estrategias que alias ‘Alberto­ Guerrero’ interpreta como parte de esa “intimidación” para acallar a los exjefes de las AUC. La primera de ellas fue una reunión efectuada el primero de diciembre de 2007 en la biblioteca de la cárcel de Itagüí, entre el entonces subdirector nacional del Inpec, coronel (r) Leonardo Ortiz, y varios exjefes paramilitares, cuando ya habían transcurrido varios meses de versiones libres ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en la que se estaba develando la relación del paramilitarismo con varios sectores sociales, políticos, económicos y militares del país


“En la citada reunión, el señor coronel Ortiz manifestó que por encargo del señor general Eduardo Morales, director nacional del Inpec, y del Gobierno, no podía menos que recriminar, censurar y condenar la actitud desleal de la alta excomandancia de las Autodefensas con la Fuerza Pública. Recordó que cuando estaba en el servicio activo había sido muy amigo y había apoyado a varios jefes paramilitares, entre los que hizo mención expresa del excomandante Salvatore Mancuso”, afirmó alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia.


De acuerdo con este documento, en esa reunión “el coronel Ortiz dejó entrever las gravísimas consecuencias que podría acarrear a los exjefes desmovilizados la delación indiscriminada y descarnada contra miembros del Gobierno y de la Fuerza Pública con impecables hojas de vida”.


La segunda estrategia estuvo relacionada con una operación de registro comandada por el coronel Ortiz y realizada a comienzos de febrero de 2008 por un grupo especial del Inpec en el pabellón donde estaban recluidos los exjefes de las AUC en la cárcel de Itagüí. Según las autoridades, en ese operativo fue encontrada una pistola 9 milímetros y una granada, escondidas en dos libros huecos.


“El escándalo que desató dicho hallaz­go no podía ser mejor pretexto­ para alegar que los excomandantes ‘paras’ seguían delinquiendo y, por esa razón potísima, había que prescindir cuanto antes de la mayoría de estos incómodos personajes por la expedita vía de la extradición”, aseveró alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia, y recordó que esa decisión se tomó pronto.


“Y el día de prescindir de esos individuos molestos, peligrosos y acaso traidores -portadores de grandes verdades muchas de las cuales aún no dichas- llegó el 13 de mayo de 2008, cuando fueron extraditados 14 excomandantes de las Autodefensas, bajo el pretexto infundado de estar delinquiendo en el interior del penal”, se aseguró en el documento.


Alias ‘Guerreró’ reiteró que las supuestas pruebas halladas en el operativo del Inpec “nunca fueron puestas por el Gobierno en manos de la Corte Suprema de Justicia” y sólo seis meses después la autoridad carcelaria “informó que los internos del pabellón uno de Justicia y Paz no tenían responsabilidad sobre el corrompido ‘hallazgo’ del coronel Ortiz”, ya cuando los 14 exjefes de las AUC estaban en manos de la justicia estadounidense.


Demandado por los Uribe Vélez por calumnia, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá, insistió en que ellos y otros hacendados crearon el Bloque Metro. Además demandó al exmandatario ante la Comisión de Acusaciones.

Según dijo Sierra García, él busca que la Comisión de Acusaciones, órgano competente para juzgar a los presidentes de la República, “dé apertura a la investigación penal” por los hechos que condujeron a la extradición de los excomandantes paramilitares y se establezca el grado de responsabilidad del exmandatario “en los actos y decisiones, directa o indirectamente ejecutados como Jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de los que pudo derivarse una grave violación de derechos fundamentales, provocados por abuso y desbordamiento del ejercicio constitucional de autoridad”.

En los dos casos, el de injuria y calumnia ante la Fiscalía de Itagüí y en el que inició Sierra García ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la palabra de un exparamilitar con nueve condenas encima contra la de un expresidente de la República. Será la justicia que determine si son verdaderas estas denuncias del exparamilitar o si, como asegura el expresidente Uribe Vélez, se trata de meras injurias y calumnias.
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